Andrea Bentancor, Guillermo Larraín, Gabriel Ugarte, Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara
Abstract
La Constitución es el principal instrumento jurídico vigente en Chile. Las leyes e instrumentos jurídicos deben adaptarse en el tiempo a sus disposiciones. Por esta razón, una Nueva Constitución necesariamente implica cambios en las reglas que nos gobiernan, con efectos en variados ámbitos del país. El proyecto de Nueva Constitución que ha producido la Convención Constitucional conlleva muchos y significativos cambios. Ellos incluyen modificaciones a la estructura de operación del sistema político, la manera de funcionar del Estado y de la economía. El proyecto también desarrolla una serie de derechos en los ámbitos político, social, cultural y medioambiental. Algunos de estos derechos requieren del desarrollo de nueva institucionalidad.
A diferencia de un proyecto de ley, las constituciones no son acompañadas de un ejercicio de estimación de costos. Ello es paradojal puesto que la satisfacción de derechos que la constitución promueve requiere, la mayor de las veces, recursos económicos. Lo mismo sucede con cambios institucionales que involucran una expansión de la capacidad administrativa del Estado, tanto en cantidad como calidad.
El objetivo central de este trabajo es precisamente realizar una estimación del costo fiscal incremental directo que implicaría la implementación de la propuesta de Nueva Constitución que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre de 2022.