Un margen fiscal acotado: el desafío de ordenar las cuentas públicas

El deterioro de las cuentas fiscales en Chile dejó de ser una advertencia puntual para transformarse en una tendencia que condiciona crecientemente el debate económico. Esa fue la señal central del nuevo encuentro del Ciclo de Diálogos sobre Desafío Fiscal del Instituto de Economía UC, realizado en la Facultad de Economía y Administración UC en conjunto con la Escuela de Gobierno UC, donde se analizó el último informe del Consejo Fiscal Autónomo, CFA.

La instancia, que reunió a académicos con trayectoria directa en el diseño y evaluación de políticas públicas, se desarrolló en un momento especialmente sensible para la conducción fiscal del país. En efecto, el diagnóstico expuesto por Paula Benavides, economista, académica UC y expresidenta del CFA, no solo apuntó a un desvío en la meta de balance estructural comprometida para 2025, sino que, más profundamente, evidenció una pérdida progresiva de holguras fiscales en el mediano plazo.

Como explicó Benavides, “el problema no es solo el incumplimiento de una meta puntual, sino la trayectoria que estamos proyectando hacia adelante”. En esa línea, el informe advierte que el balance estructural se ubicaría por debajo de lo comprometido, lo que tensiona la credibilidad de la regla fiscal y reduce el espacio de maniobra de la política económica en los próximos años.

Este punto es particularmente relevante si se considera que la regla de balance estructural ha operado históricamente como uno de los principales anclajes de la institucionalidad macroeconómica chilena. Su valor, sin embargo, no reside únicamente en su diseño técnico, sino en la consistencia de su aplicación. Por lo mismo, tal como enfatizó Benavides, los desvíos reiterados, aun cuando puedan justificarse en el corto plazo, tienden a erosionar su capacidad de ordenar expectativas y disciplinar la política fiscal.

A partir de ese diagnóstico, la presentación avanzó hacia un problema más estructural. Las proyecciones para el período 2026–2030 muestran una presión sostenida sobre la deuda pública, en un contexto caracterizado por un menor crecimiento tendencial y un aumento persistente de las demandas de gasto. En consecuencia, el desajuste entre ingresos estructurales y compromisos fiscales deja de ser transitorio y pasa a configurar una restricción permanente.

“Las necesidades de financiamiento del Estado están creciendo más rápido que sus ingresos estructurales”, advirtió Benavides, instalando así el núcleo del problema fiscal actual. En ese sentido, el informe del CFA no se limita a describir una desviación, sino que plantea una interrogante más profunda, cómo corregir la trayectoria fiscal sin afectar la actividad económica ni postergar demandas sociales que siguen siendo políticamente relevantes.

El dilema fiscal: consolidar, crecer o postergar

El escenario implícito en las cifras, fue recogido y analizado en el panel de conversación posterior, integrado por Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía UC, y Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno UC, y moderado por Joaquín Vial, consejero del Consejo Fiscal Autónomo y académico del Instituto de Economía UC.

Desde el inicio, la discusión se desplazó desde el diagnóstico hacia sus implicancias. En particular, el foco estuvo en la dificultad de compatibilizar tres objetivos que, en el escenario actual, tienden a entrar en conflicto, la consolidación fiscal, el crecimiento económico y la respuesta a las demandas sociales.

En esa línea, Andrea Repetto planteó que el problema fiscal no puede analizarse de manera aislada del desempeño de la economía. “Si la economía no crece, la consolidación fiscal se vuelve más costosa y más difícil de sostener políticamente”, sostuvo, sugiriendo que cualquier estrategia de ajuste está condicionada por el dinamismo económico. De este modo, el desafío no es únicamente cuánto ajustar, sino en qué contexto hacerlo.

A su vez, Claudia Martínez puso el énfasis en la dimensión institucional del problema. Más allá de las decisiones específicas de gasto o ingresos, advirtió que “la credibilidad de la política fiscal es un activo que se construye en el tiempo, pero que se puede erosionar rápidamente”. En consecuencia, el cumplimiento de las reglas fiscales no solo tiene efectos contables, sino también reputacionales, lo que incide directamente en la estabilidad macroeconómica.

Por su parte, Joaquín Vial reforzó esta lectura desde una perspectiva de largo plazo. A su juicio, el contexto en el que operaba la política fiscal chilena hace una década ha cambiado de manera sustantiva. La combinación de menores ingresos extraordinarios, mayores presiones de gasto y un entorno externo más incierto reduce significativamente los márgenes de acción. En ese marco, la disciplina fiscal deja de ser un principio deseable y pasa a constituir una restricción efectiva.

Lo que emerge de la conversación es, en definitiva, un consenso relevante, el espacio fiscal es hoy más estrecho y las decisiones que se adopten en los próximos años tendrán efectos persistentes. Sin embargo, ese acuerdo convive con diferencias en los énfasis. Mientras algunos ponen el acento en la urgencia del ajuste, otros advierten sobre los riesgos de hacerlo en un contexto de bajo crecimiento. En ese equilibrio inestable se sitúa hoy la política fiscal chilena.

En ese sentido, el informe del CFA funciona menos como una alerta puntual y más como una señal de trayectoria. El problema fiscal no es un evento, sino un proceso acumulativo. Como quedó planteado en el conversatorio, postergar los ajustes no elimina ese proceso, sino que lo desplaza hacia adelante, en condiciones potencialmente más restrictivas.

La pregunta, entonces, deja de ser si habrá que ajustar, y pasa a ser cómo, cuándo y bajo qué condiciones hacerlo.