¿Cuándo quienes deciden políticas públicas piden evidencia y cuándo prefieren no tenerla? El nuevo Policy Brief del Instituto de Economía UC
El estudio del académico del Instituto de Economía UC Nicolás Figueroa, publicado en el Journal of the European Economic Association, muestra que la disposición de parlamentos, comités y otros órganos colectivos a encargar estudios o pilotos antes de decidir depende del tipo de desacuerdo que existe entre sus integrantes.

El Instituto de Economía UC presentó el sexto número de su serie de Policy Briefs “Investigación con Impacto”, esta vez a cargo del académico Nicolás Figueroa, quien junto a José-Alberto Guerra (Universidad de los Andes, Colombia) y Francisco Silva (Deakin University, Australia) publicó el estudio “The Role of Information in Collective Decisions” en la revista Journal of the European Economic Association.
La investigación aborda una situación frecuente en las decisiones colectivas: muchas políticas se votan dos veces. Primero, el grupo define si quiere más información, como un plan piloto o un estudio técnico, y después vota la política. Mientras la segunda votación suele ser sencilla, la primera no lo es, porque la información no vale por sí misma, sino por la decisión que induce. Así, quien anticipa que un piloto exitoso fortalecerá la posición contraria puede votar en contra de realizarlo, aunque como individuo quisiera conocer el resultado. Esto convierte una decisión aparentemente técnica, como encargar o no un estudio, en una decisión estratégica.
El estudio y sus hallazgos
Los autores distinguen dos tipos de desacuerdo. Hay desacuerdo ex ante cuando, al decidir sin información, el grupo elige algo distinto de lo que prefiere un integrante, y desacuerdo ex post cuando, con la evidencia ya disponible, el grupo elige una opción distinta de la que ese integrante prefiere. El estudio demuestra que la disposición de cada integrante a que el grupo se informe aumenta con el desacuerdo ex ante, porque la evidencia es la vía para cambiar un resultado adverso, y disminuye con el desacuerdo ex post, porque crece la probabilidad de que el grupo se aparte de su preferencia justo cuando la evidencia ya está sobre la mesa. El resultado se mantiene cualquiera sea la forma de obtener la información, ya sea un estudio financiado por todos, un plan piloto o postergar la decisión, y bajo distintas reglas de votación, como mayoría simple o unanimidad.
La conclusión teórica fue confirmada con un experimento en línea aplicado a 159 estudiantes de la Universidad de los Andes, en Colombia. Entre los participantes para quienes la información era valiosa individualmente, el desacuerdo ex ante elevó en 42 puntos porcentuales la probabilidad de votar por informarse, mientras que el desacuerdo ex post la redujo entre 16 y 20 puntos porcentuales.
Implicancias para la política pública
Los autores advierten que cuando los integrantes de un órgano coinciden de entrada en rechazar una reforma riesgosa, ninguno tiene interés en encargar la evidencia que podría cambiar ese consenso, y si ese mismo órgano decide si la evidencia se produce, la resistencia se refuerza por sí sola. Una forma de corregirlo, proponen, es separar ambas decisiones, entregando los pilotos y las evaluaciones previas a instancias técnicas con presupuesto propio, de modo que producir evidencia no dependa del mismo voto que decidirá la reforma.
El estudio subraya también que esta reticencia afecta con mayor fuerza a las políticas nuevas y riesgosas, que precisamente necesitan evidencia previa para generar confianza, por lo que los centros de estudio, las universidades y la investigación independiente cumplen un rol que el proceso legislativo difícilmente puede reemplazar. Con todo, el sesgo no siempre apunta a informarse menos de lo conveniente: un grupo dividido que espera que la evidencia lo unifique puede encargar estudios que ninguno de sus integrantes habría financiado por su cuenta. El diagnóstico correcto, concluyen, depende del tipo de desacuerdo que enfrenta cada órgano.
Puedes revisar el Policy Brief completo acá.