¿Cómo han gestionado las comunidades mapuche las tierras restituidas? El nuevo Policy Brief del Instituto de Economía UC
El estudio del profesor Felipe Jordán, publicado en Nature Sustainability, analiza casi tres décadas de restitución de tierras a comunidades mapuche y matiza una idea instalada: devolver tierras indígenas no siempre se traduce en mejoras ambientales.
El Instituto de Economía UC presentó el cuarto número de su serie de Policy Briefs “Investigación con Impacto”, esta vez a cargo del académico Felipe Jordán, quien junto a Dany Jaimovich (Universidad de Talca), Matías Black (UC) y Robert Heilmayr (University of California, Santa Barbara) publicó el estudio “Environmental impacts of Indigenous land restitution in Chile” en la revista Nature Sustainability.
La investigación responde una pregunta central para el debate sobre la Ley Indígena en Chile: ¿mejora la restitución de tierras las condiciones ambientales? Este estudio aporta evidencia empírica sobre qué ha ocurrido con las tierras ya restituidas y cómo las comunidades las han gestionado.
El programa y sus hallazgos
El programa FTAI-20B, creado por la Ley Indígena de 1993, ha destinado más de 850 millones de dólares para adquirir predios y devolverlos a la propiedad colectiva de las comunidades, sin imponer restricciones sobre el uso del suelo. Entre 1994 y 2022 se restituyeron 208 mil hectáreas en beneficio de 493 comunidades, un 98% de ellas mapuches.
Analizando casi tres décadas de datos, los autores encontraron que la restitución aumentó la superficie de praderas cerca de un 4,5% y redujo las plantaciones forestales no nativas en torno a un 18%, sin alterar la extensión de bosques nativos. Se trata de una reorientación de las tierras hacia usos tradicionales entre los mapuches, como la ganadería. Como este cambio ocurrió entre plantaciones y praderas, y no afectó al bosque nativo, la restitución no generó cambios significativos en captura de carbono ni en biodiversidad, lo que matiza la idea de que la reforma de la tierra indígena siempre mejora las condiciones ambientales.
El estudio muestra, además, que las comunidades mantuvieron la productividad de los predios, un patrón que se distingue del abandono y sugiere que lograron gestionar de manera sostenible las tierras de propiedad colectiva.
Implicancias para la política pública
Los autores plantean que las políticas de restitución deberían evitar el supuesto de que las comunidades indígenas siempre gestionarán la tierra de modos que mejoren el medio ambiente, ya que la autodeterminación implica que cada comunidad elige el uso que responde a sus propias necesidades. En esa línea, sugieren que proteger las tierras indígenas del despojo puede ser más efectivo para sostener los servicios ecosistémicos que restituir tierras ya intervenidas, dado que la restauración ecológica de paisajes muy modificados es costosa.
Puedes revisar el Policy Brief completo acá.
