Resumen: El desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías, como la digitalización, automatización y robotización, así como los cambios en la demografía, imponen a los estados la necesidad de nuevas respuestas en materias de política social. En el presente documento se plantea como una opción para enfrentar estos desafíos la creación de un ingreso básico universal en Chile, en la forma de un Impuesto Negativo al Ingreso (INI), en un esquema en que las rentas bajas son subsidiadas, un porcentaje intermedio de la población no se ve afectada y las rentas más altas son gravadas.
Lo anterior significa una gran mejora en relación a los actuales esfuerzos al respecto centrados en un conjunto de programas sociales atomizados e inorgánicamente diseñados. Los sustituye por un programa simple, que extiende garantías explícitas a sus usuarios. Esto disminuye tanto la complejidad administrativa por parte del Estado como la información que deben manejar los beneficiarios. Pese a los teóricos problemas que un instrumento como este podría generar, se presenta a partir de la evidencia empírica que los impactos negativos en el mercado del trabajo podrían ser negativos pero acotados, y su financiamiento abordable. Como resultado indirecto de lo anterior, los mercados laborales pueden aumentar su flexibilidad, por ejemplo, haciendo irrelevantes definiciones como el salario mínimo o la indemnización por años de servicio, dotando a la economía de características que pueden fortalecer su dinamismo; y se alinean incentivos a la formalización. Iniciativas como esta se mantendrían complementarias a los programas existentes para apoyo de la educación y la salud. A su vez, son actualmente parte de la agenda de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras.