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Crédito público para pagar las nóminas de las empresas: ¿efectivo? – Marcela Eslava

Esta Nota discute, a la luz de los datos sobre la vulnerabilidad del aparato productivo y disponibilidad de liquidez de las empresas, condiciones que vemos como necesarias para que el anunciado paquete de financiación de nóminas por parte del gobierno sea efectivo. Para que los bancos se suban realmente al bus se necesitarán garantías públicas muy elevadas, mientras que se requerirán condonaciones considerables para que una masa significativa de empresarios opte por tomar estos créditos en lugar de liquidar trabajadores y empresa.

El gobierno anunció que está estructurando un paquete de financiación para la nómina de Mipymes. Una muy buena noticia porque, como muestra la teoría económica y la evidencia recogida en recesiones pasadas, la profundidad y duración de la crisis social que se está desenvolviendo serán menos catastróficas entre menores sean los despidos, el cierre de empresas y la destrucción del tejido empresarial, y entre más grande sea el paquete de estímulo neto que el gobierno inyecte ya en la economía. Al menos nueve millones de empleos son directamente vulnerables a esta crisis, como mostramos aquí. Las empresas deben proteger esos empleos con su liquidez, pero aún las más grandes ubicadas en esos sectores vulnerables sólo cuentan con liquidez para tres meses de financiamiento de sus costos de nómina y arriendo (ver gráfico, tomado de nuestro Observatorio de Coyuntura Económica y Social). Para el momento de la emergencia en que nos encontramos probablemente muchas de las más pequeñas ya agotaron los recursos que tenían en sus manos. Muchos gobiernos europeos, por ejemplo, arrancaron hace ya varios días programas de financiación a las empresas, incluyendo varios subsidios directos para las nóminas. 

La efectividad de las medidas anunciadas dependerá del diseño específico del paquete. Los anuncios parecen sugerir que el gobierno está pensando inicialmente en acceso a créditos en lugar de subsidios a las nóminas. Para que estos sean efectivos resulta fundamental: 

  1. Que las entidades financiadoras se decidan a desembolsar la masa de créditos necesaria. Así como el país espera que las empresas estiren su liquidez para proteger a sus empleados tanto como les sea posible, espera también que los bancos estiren su tolerancia al riesgo tanto como sea posible, otorgando créditos a empresas a las que no se los darían en circunstancias normales. Pero esa disposición también tiene, y debe tener, un límite. A nadie le conviene que el sistema financiero se quiebre en unos meses o unos pocos años; eso solamente perpetuaría una crisis que ya se prevé de enormes proporciones. Para que la estrategia sea efectiva, entonces, resulta indispensable que, al final, el gobierno asuma la mayor parte del riesgo. En este caso se requieren unas garantías públicas de tamaño realmente extraordinario, por ejemplo como las propuestas por Mauricio Cárdenas de hasta el 90% del crédito. Por supuesto, se requerirá también que los bancos cuenten con la liquidez necesaria para extender esos créditos. El papel del Banco de la República en la provisión de liquidez seguirá siendo fundamental.
  2. Que las empresas se arriesguen a meterse en un crédito en lugar de cerrar. En las actuales circunstancias, con una enorme incertidumbre de las empresas sobre cuándo podrán a volver a generar ingresos y de qué tamaño serán estos al reabrir operaciones, es probable que un programa de créditos tradicional tenga muy poca efectividad, simplemente porque las empresas no se decidan a tomar esa vía. Muchos empresarios pueden preferir liquidar empleados y hasta empresa para evaluar luego si recomenzar de ceros cuando el panorama se aclare. Eso podría ser desastroso: la nueva empresa empezará tímida y con menos empleos, y la suma de esas decisiones en la economía implicaría una destrucción de puestos de trabajo con efectos por años. Para que las empresas se arriesguen a pedir esos créditos, el programa requeriría incorporar periodos de gracia razonables a la luz de la crisis y condonaciones de parte de la deuda adquirida por las empresas. Por ejemplo, que el gobierno pague directamente un salario mínimo de cada trabajador registrado en la Pila. El costo de ese tipo de condonaciones (cerca de 0.25% del PIB por mes condonado si se cubriera el empleo formal vulnerable en empresas de todos los tamaños) es razonable a la luz del estímulo fiscal necesario para evitar una crisis catastrófica. Este tramo subsidiado del crédito serviría para apalancar el tramo adicional de la nómina por el que respondería la empresa directamente. Ese segundo tramo podría ser imposible para muchas empresas, a menos que se permita también flexibilización temporal de los contratos de manera que empleados y empleadores puedan acordar utilizar parte del salario de los empleados con mayores ingresos para ayudar a financiar el pago de los demás y la supervivencia de la empresa. Si el gobierno cubre parte o todo del primer salario mínimo de cada empleado, la flexibilización temporal puede ser condicional en que el salario no caiga por debajo de ese mínimo vital.
  3. Que los créditos se usen para financiar la nómina y la supervivencia de la empresa. El programa debe ser condicional al mantenimiento de la vinculación y del pago de los empleados financiado por el programa y acordado en virtud de la flexibilización de contratos. El monitoreo de esto puede partir de denuncias de los trabajadores cuando no ocurra verificadas por el Ministerio del Trabajo. La repartición de dividendos y pago de bonificaciones extraordinarias a altos directivos debe suspenderse mientras dure la emergencia.
  4. Que el programa se enfoque inicialmente en proteger el empleo formal de la micro y pequeña empresa sobre todo en los sectores más vulnerables a la crisis. El segmento de empresas más pequeñas es el que ya está sufriendo falta de liquidez para sus pagos y carece de una línea directa con un banco. Su empleo formal, además, es verificable para efectos de comprobar la condicionalidad del crédito y más difícil de revivir cuando se destruye. El segmento informal de la economía, mientras tanto, es y debe ser el objeto de los programas de transferencias directas humanitarias. Sin embargo, es necesario tener lista la estrategia de expansión del programa a empresas medianas y grandes si las dificultades para producir y la extrema contracción de la demanda se prolongan a un punto que toque el límite de liquidez de esas empresas. De hecho, como los recursos para apoyar las empresas no son finitos, no es imposible que finalmente haya que priorizar aquellos que con mayor probabilidad lograrán que la empresa no termine cerrando, y esos seguramente serán los dirigidos a las empresas más estables. 
  5. Como indican Botero y Lora al proponer un diseño para este subsidio a la nómina, con empresas temerosas de endeudarse (porque se encuentran ya muy endeudadas o porque consideran que adquirir nuevas deudas es muy riesgoso), un mal diseño puede originar una triple contingencia fiscal: 1. Podría hacerse efectiva una parte sustancial de las garantías que el Gobierno está otorgando, 2. El sistema financiero podría acumular riesgos adicionales que impliquen operaciones de rescate, 3. El Gobierno podría tener que otorgar subsidios a los trabajadores que queden desempleados. Como solución, proponen que se establezca un subsidio al primer salario mínimo de todos los trabajadores de sectores inhabilitados por el aislamiento, financiado con un empréstito forzoso a cargo de los contribuyentes de impuesto sobre la renta (con plazos dilatados que permitan el pago cuando la economía entre en operación). Con el respaldo de estos flujos futuros, el Gobierno acudiría a un préstamo del Banco de la República para anticipar esos recursos sin comprometer la sostenibilidad fiscal. 

Referencias

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Marcela Eslava, Profesora Titular y Decana de Economía en la Universidad de Los Andes (Colombia), e investigadora afiliada al programa de Pymes de Innovations for Poverty Action.