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Análisis de la actualidad nacional e internacional a través de las investigaciones y opiniones de académicos del Instituto de Economía UC.

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Plan de Conversión Energético – Juan-Pablo Montero

El Plan de Conversión Energético anunciado recientemente por el Ministro de Energía podría convertirse en la reforma más importante del sector en mucho tiempo, tanto por su impacto en el bolsillo de los consumidores residenciales, particularmente los de menores ingresos, como por su impacto medioambiental de corto y largo plazo.

El plan busca, vía mayor competencia, llevar energía eléctrica desde una matriz cada vez más limpia y barata producto de la mayor contribución de energías renovables, a sectores energéticos como la calefacción, tradicionalmente dominados por combustibles fósiles como la gasolina, parafina, petróleo, gas licuado y natural, y, muy preocupantemente, leña.

Los beneficios son importantes. Veamos qué dice el Anuario Estadístico de Energía de la CNE para el 2019. Durante dicho año el precio spot de la energía fue aproximadamente de 45 US$/MWh mientras que el precio de la energía que efectivamente pagaron los consumidores residenciales (y otros regulados) fue de más del doble que eso. En términos simples el plan busca que consumos eléctricos adicionales que caen fuera de lo actualmente contratado por las distribuidoras, como la mayoría de la calefacción, se paguen al precio spot y no al precio regulado. Todo indica que esta diferencia de precios se va a mantener por muchos años más.

Por otro lado, según la Encuesta a Hogares elaborada el 2018 por CDT, el consumo eléctrico en calefacción en un hogar promedio llega solamente a 4% del consumo eléctrico total cuando en términos energéticos la calefacción y climatización es por lejos el consumo energético más alto, llegando a más del 50% (la encuesta excluye consumos energéticos asociados al transporte). Estos grandes volúmenes sumados a las diferencias de precios anteriores muestran que los beneficios de llevar el precio spot de la energía eléctrica para pagar por estos consumos adicionales serían muy significativos.

Hay dos temas que preocupan del plan, sin embargo. El primero es su ámbito de aplicación. Se presenta como un plan que solo aplicaría al segmento de la calefacción y en algunas ciudades del país. Esto es un error. Su ámbito de aplicación debiera incluir desde un inicio a todo el país y a otros ámbitos energéticos, por ejemplo, el del agua caliente para cocina, lavado y baños (comúnmente conocida como agua caliente sanitaria o ACS) y de los vehículos eléctricos. De hecho, el ACS es el segundo consumo energético más importante, con un 20% según la misma encuesta de CDT, mientras que su participación dentro del consumo eléctrico llega solo al 3%. Actualmente, la mayor fuente energética del ACS es el gas licuado.

Considerar el consumo de vehículos eléctricos es igualmente importante, aunque hoy su participación sea menor. No hacerlo retardaría la renovación de la flota hacia vehículos limpios, dificultando, entre otros, el cumplimiento de la meta de carbono-neutralidad comprometida por el país el año pasado. Ante la crisis del covid-19 esto adquiere aún más importancia: arcas fiscales vacías hacen difícil pensar en subsidios a este tipo de vehículos (y otras inversiones limpias) por mucho tiempo.

La segunda preocupación con el plan es de libre competencia. El plan establece restricciones al tipo de generadores que podrían hacer ofertas y en que proporciones. Estas restricciones son sinónimo de poca competencia. Hay que promover la mayor participación posible, incluyendo generadores que hoy no tengan contratos con ciertas distribuidoras. Igualmente, hay que pensar en agregar demandas para obtener licitaciones competitivas. La buena noticia es que existen los mecanismos regulatorios para incorporar estos y otros cambios y rápido. No hacerlo no solo pone en duda los beneficios del plan, sino que en riesgo su rápida y efectiva tramitación. Al no garantizar una vigorosa competencia, más de alguien buscará en autoridades de libre competencia retardar su inicio.

Resueltos estos y otros elementos de diseño (como el monitoreo de consumos diferenciados), lo único que queda es confiar en la voluntad política para implementar una reforma con amplios beneficios en el corto y largo plazo.

Juan-Pablo Montero, profesor Titular del Instituto de Economía UC e ISCI

 

 

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