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Ni ingreso básico ni de emergencia – Cecilia Machado (traducción)

Con la improbable reanudación de la economía en un futuro próximo y la importante preocupación respecto a la población que depende de programas de asistencia, está empezando un debate sobre posibles extensiones al programa de Auxílio Emergencial, así como sobre potenciales cambios permanentes en nuestra red de protección social, como la idea de un ingreso básico universal en sustitución del programa de transferencias Bolsa Familia.

Instituido como beneficio temporal por tres meses, el Auxílio Emergencial entrega R$ 600 (115 USD) mensuales por persona mayor de 18 años y con hasta el límite de dos beneficiarios por hogar o R$ 1200 (230 USD) para madres solteras.

Implementando el Auxílio Emergencial para siempre, el programa adquiere contornos de un ingreso básico universal que, en su definición: a) se enfoca en una población amplia, no solo en los pobres, b) está igualmente disponibles para todos, sin atención en la composición familiar o en la edad, c) no impone condicionalidades como asistencia escolar o búsqueda de empleo.

El programa, que cuenta con 53 millones de potenciales beneficiarios, debe alcanzar un presupuesto de R$150 billones en tres meses. Más impresionante es su comparación con Bolsa Familia, programa asistencial que por su naturaleza, pagaba alrededor de R$ 3 billones al mes antes de el Auxílio Emergencial y ahora en razón de él alcanza R$15 billones.

El nuevo desembolso de Bolsa Familia es coherente con el aumento de la transferencia media de R$ 200 a R$ 1200, una vez que las familias del programa tienen hijos cuya madre es soltera, cuando no existe un segundo adulto en el domicilio.

La ayuda representa un alza de 500% en las transferencias hechas a las familias de Bolsa Familia y un incremento de al menos 60% del ingreso del hogar, considerando el escenario más adverso en el cual las familias beneficiarias están en el límite superior de calificación del programa - ingreso de R$ 178 (34 USD) per cápita en familias de tres personas - y que perdieron todo su ingreso.

El aumento en el valor de la transferencia de Bolsa Familia evidencia la baja transferencia que antes recibían los pobres cuando la comparamos con las transferencias que reciben trabajadores informales  que ahora perdieron sus empleos. Pero el Auxílio Emergencial, tal como se diseñó e implementó, introduce diversas distorsiones en nuestra red de protección social. El programa no es la mejor alocación de recursos para reducir las desigualdades, aunque si se considera la expansión de recursos destinados a programas de asistencia.

Primero, la universalización que expanda la base de beneficiarios, que en el caso del Auxílio Emergencial abarca 19 millones de beneficiarios de Bolsa Familia, como también otros 30 millones de beneficiarios adicionales. Como la cobertura de Bolsa Familia es focalizada - alcanza e incide donde la pobreza - la expansión de la base disminuirá la focalización del programa.

Segundo, el Auxílio Emergencial considera a los adultos pero ignora a los niños y niñas. Trata de forma desigual a los hogares con hijos, olvidando que la pobreza se concentra en ellas. Ignora que la pobreza es medida en términos de individuos, y no por adulto. También desprecia que el retorno de transferencia es mucho mayor entre familias con hijos, con externalidades conocidas para la sociedad, ya que los vuelve más productivas y menos dependientes de asistencias futuras.

En tercer lugar, es evidente que la condicionalidad es importante, pues inversiones en capital humano, a través de la educación o empleo, son los verdaderos engranajes de la movilidad social.

No es necesario ser universal para disminuir la pobreza y reducir las desigualdades. Ni gastar más para ser eficaz. Fortalecer y unificar las transferencias dentro de Bolsa Familia, garantizando condiciones dignas para hogares pobres, trabajadores informales o para cualquiera que pierda sus ingresos - niños, jubilados o adultos desempleados - es la estrategia más coherente con nuestra realidad económica y con el principio de justicia social.

Artículo escrito por Cecilia Machado, Economista y profesora de EPGE en la FGV - en Folha de S. Paulo. Link Versión original